El actual Sistema de Salud presenta las siguientes condicionantes:

  • 1

    Una asignación insuficiente e ineficiente de financiamiento por parte del Estado. Si bien la inversión total en salud con relación al PBI ha crecido a 5.5% del PBI en 2014 respecto al 4.5% del PBI en 1995, aún permanece entre las menores de América Latina (el promedio regional es 7.3%), superando solo a Venezuela, Argentina y República Dominicana. De este gasto total en salud, el MINSA, los GORE y EsSalud representan el 60.6% mientras que el gasto de bolsillo en salud representa el 28.6% y el remanente refleja otros gastos privados (ej., planes privados de salud).

  • 2

    Una plataforma institucional débil y desorganizada que limita las acciones de rectoría y control a nivel de sistema. Así, el MINSA, que debería ejercer la función rectora de todo el sistema de salud, en realidad comparte funciones con varias otras entidades (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior), lo que debilita su rol dentro del sistema.

  • 3

    Una separación poco clara entre las funciones de aseguramiento y prestación de servicios, lo cual dificulta la adecuada gestión de riesgos y la asignación eficiente de recursos. Ni el MINSA ni EsSalud tienen separada la función de financiamiento de la de prestación y el SIS no ha logrado funcionar como un asegurador.

  • 4

    Una elevada segmentación, tanto en la provisión de servicios como en el aseguramiento, con varios subsistemas conviviendo con sus propios mecanismos de financiamiento, provisión y afiliación para grupos de población específicos, que generan inequidades en el acceso y la atención e ineficiencias en el gasto y la provisión de servicios.

  • 5

    Una elevada fragmentación del sistema de provisión de servicios. Bajo el esquema actual, cada subsistema funciona de manera aislada, con mandatos específicos y sin mayor articulación. No existe una red asistencial con un mandato territorial, sino redes paralelas por subsistema que llevan a ineficiencias, duplicidad de infraestructura, competencia por el escaso recurso humano de trabajadores de salud y altos costos de transacción.

Todas estas limitantes han promovido el desarrollo de un sistema con baja cobertura financiera y prestacional, con niveles de gasto de bolsillo altos y persistentes, y con problemas de calidad a nivel prestacional.

Como respuesta a los obstáculos presentados, la Comisión de Protección Social plantea un sistema de salud que brinde acceso universal y equitativo a servicios de salud de calidad según las necesidades de la población, con protección financiera y sostenibilidad fiscal, reduciendo el gasto de bolsillo y el riesgo de salud. Para lograr estos objetivos propone:

  • 1

    La creación de un asegurador único e independiente que optimice la gestión de riesgos y fomente la consolidación de las redes de servicios, velando por la calidad de los mismos mediante la implementación de una combinación de mecanismos de pago orientados a maximizar los resultados sanitarios y minimizar los costos de atención.

  • 2

    El sistema con un asegurador único, o Fondo Único, realizará la mancomunación total de los riesgos, lo que se traduce en universalidad, solidaridad y equidad en el aseguramiento puesto que no existirá discriminación por riesgos ni ingresos de los asegurados. Así, también elimina el problema de la selección adversa, asociada al aseguramiento voluntario, donde personas de más alto riesgo están más dispuestas a asegurarse en comparación con personas de más bajo riesgo.

  • 3

    El Fondo Único, como único comprador (monopsonio), negociará los mejores precios de los servicios de salud, reducirá los gastos administrativos e interconectará el sector a través de un sistema único de información. Dicho sistema permitirá el seguimiento de las personas, la gestión del riesgo de salud de las personas, así como el monitoreo del desempeño de los prestadores de servicios para lograr los objetivos sanitarios nacionales.

  • 4

    El cumplimiento de la entrega del plan de beneficios universal (PEAS) financiado para toda la población vía impuestos y administrado por el Fondo Único funcionará como eje organizador de las prioridades sanitarias de país. El financiamiento del Fondo Único vía impuestos se sustenta en el principio de la realización del derecho a la salud: el financiamiento deja de asociar el aseguramiento a la condición socioeconómica de las personas o a su situación laboral, con lo que genera estabilidad y continuidad en el aseguramiento. Esto es especialmente importante en un país con altos niveles de informalidad como el Perú.

  • 5

    Se consolidará en el mediano plazo un fondo de alto costo (FONAC) definido en base a las prioridades de salud del país. De esta manera, se eliminarán las diferencias en las coberturas de servicios del aseguramiento segmentado fortaleciendo el derecho al acceso a servicios de salud independientemente de la condición laboral y de las características socioeconómicas de las personas.

  • 6

    Las contribuciones a la seguridad social en salud (EsSalud) se reducirán en un monto equivalente al costo esperado total del PEAS solo cuando el Gobierno garantice dichos recursos vía impuestos. Es decir, la reducción progresiva del financiamiento a través de las contribuciones a EsSalud, solo se dará en la medida que el mismo monto se pueda financiar y garantizar vía impuestos. Esta es una condición necesaria para el éxito del sistema.

  • 7

    El establecimiento de una clara separación de las funciones de financiamiento y de prestación de servicios mediante un proceso gradual.

  • 8

    El fortalecimiento de la rectoría del MINSA que le permita ejercer su autoridad a nivel nacional en el corto plazo.

  • 9

    La reorganización en la prestación de servicios bajo un esquema de redes integradas organizadas territorialmente que maximicen la disponibilidad de recursos sobre la base de la priorización de los servicios cubiertos por el PEAS y una atención primaria fortalecida.

  • 10

    Un periodo de transición en el que, dependiendo del espacio fiscal y del progreso institucional, se ampliará la cobertura del plan universal en términos de carga de enfermedad.