Seguro de Desempleo

En el ámbito del seguro de desempleo, la propuesta deberá tomar en cuenta las condiciones actuales del mercado laboral. Al respecto, destacan las siguientes características:

  • 1

    Fuerte concentración del mercado en trabajadores independientes y en empresas pequeñas y poco productivas. Al 2015, el 75% de los empleados privados eran independientes o trabajaban en empresas de 10 empleados o menos.

  • 2

    Elevada informalidad laboral. Los trabajadores formales con contratos registrados representan poco menos de la cuarta parte de la PEA ocupada.

  • 3

    Baja proporción de trabajadores contratados a plazo indefinido y predominio de los contratos temporales. Los trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido, población foco de un seguro de desempleo estándar, representan solo alrededor del 15% de la PEA asalariada.

  • 4

    Altas tasas de rotación, a pesar de, o tal vez debido a, lo fuertemente regulado que está el despido.

  • 5

    Baja incidencia de despidos. Esta característica tiene implicancias críticas para el diseño de un seguro de desempleo, puesto que reduce sustancialmente su potencial cobertura.

Todas estas limitantes han promovido el desarrollo de un sistema con baja cobertura financiera y prestacional, con niveles de gasto de bolsillo altos y persistentes, y con problemas de calidad a nivel prestacional.

Como resultado del diagnóstico realizado en el ámbito del seguro de desempleo, la Comisión de Protección Social plantea lo siguiente:

  • 1

    Postergar la implementación del seguro de desempleo hasta que no se haya recuperado al contrato por tiempo indefinido como el principal tipo de contrato laboral, al menos en el sector formal de la economía.

  • 2

    Revisar la interpretación del mandato constitucional de “protección adecuada” a partir de una lectura basada en la mejor evidencia de cuáles son los mecanismos más eficaces para prevenir y proteger frente al desempleo y la excesiva rotación.

De implementarse las reformas propuestas por la CPS, el Perú emergería con un contrato social fortalecido y se convertiría en un punto de referencia para el proceso de reformas semejantes en la región. En particular, los peruanos contarían con un sistema de protección social portable, esto es, un sistema que acompañaría a la persona a lo largo de su ciclo de vida, independientemente de su condición laboral (empleado o desempleado, formal o informal, obrero o profesional) o situación económica. Dicho sistema otorgaría un piso básico (debajo del cual no caería ningún peruano) a través de los siguientes beneficios sociales clave:

Una pensión mínima antipobreza.Un plan de salud único y universal, el cual en el mediano plazo se complementaría con protección adecuada para enfermedades de alto costo.Un asegurador único, eficiente, que vele por las prioridades sanitarias nacionales y gestione el riesgo en salud, de tal manera de maximizar la prevención y garantizar la calidad de la atención integral.Un sistema de prestación de servicios de salud organizado, regulado que tenga como objetivo la atención de calidad de las personas.Una cuenta individual para la acumulación del ahorro previsional, con opciones para aportar por vía del gasto (y no solo del ingreso).Una gestión de la inversión del ahorro previsional con bajas comisiones, con horizontes de largo plazo y consonante con la edad del afiliado.Un sistema de incentivos y subsidios al esfuerzo de ahorro por parte de grupos vulnerables.Un seguro de invalidez y muerte durante la vida de trabajo activo.Un sistema simple y eficaz de productos para el retiro que fortalezca y estabilice los ingresos en la jubilación.Y, eventualmente, una vez que el mercado laboral se formalice y los contratos a tiempo indefinido se generalicen, un seguro de desempleo.