Objetivos de la Comisión

El 13 de enero de 2017, mediante Resolución Ministerial No. 017-2017-EF/10 se creó el grupo de trabajo denominado Comisión de Protección Social (CPS), con el objetivo de plantear reformas económicas para financiar la cobertura universal de aseguramiento de salud y protección previsional; además de mejorar la protección frente al desempleo sin afectar la sostenibilidad fiscal ni generar informalidad en el mercado de trabajo. Como bien señala la resolución de creación de la CPS, esta decisión se adopta en el marco de la Constitución Política que reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social y el entendimiento de que para la mayoría de los ciudadanos del Perú este derecho ha devenido en inaccesible.

De este modo, la CPS ha analizado tres aspectos concretos de la protección social para el caso peruano: la protección de la vejez mediante una propuesta de reforma integral del sistema de pensiones, la protección de la salud a través de una propuesta que permita un esquema de financiamiento y aseguramiento más equitativo y que permita ganancias de eficiencia, y la protección de los ingresos de los trabajadores a partir de una propuesta sobre la implementación de un seguro de desempleo. Considerando estos tres aspectos, el enfoque conceptual de la CPS ha sido proponer un nuevo contrato social para el Estado Peruano donde la protección social ya no dependa de la condición laboral de las personas, sino de su condición de ciudadanos. Se logra así que los beneficios y responsabilidades asumidas acompañen al individuo y a su familia durante los diferentes episodios que experimentarán de forma sucesiva a lo largo de su ciclo de vida (dependiente, independiente, formal e informal). Para lograrlo, las diferentes propuestas que se presentan a continuación se componen (en diferentes variantes) de un beneficio básico universal y de esquemas de promoción del ahorro y aseguramiento a partir del esfuerzo individual de las personas. Asimismo, las propuestas entienden la importancia del rol del sector público y privado en estos esquemas para optimizar beneficios y evitar pérdidas de eficiencia, así como la necesidad de implementarse de manera paulatina para evitar costos de transición elevados.

Los beneficios para la sociedad peruana de este nuevo contrato social deberían entenderse a partir de cinco prestaciones concretas: pensiones, seguro de salud, seguro de desempleo, seguro de invalidez y seguro de sobrevivencia. A cambio, se espera de los ciudadanos ciertos compromisos mínimos: mayor esfuerzo por ahorrar, eventuales mayores compromisos tributarios (dado que se demandará mayor presupuesto público), disposición a asegurarse frente a riesgos, y cuidar su salud. La propuesta no aborda de manera explícita todos ellos (por ejemplo, los seguros de invalidez y sobrevivencia no son tratados con la amplitud requerida) o identifica casos en donde las condiciones actuales impiden su implementación (por ejemplo, el seguro de desempleo). Sin embargo, sí presenta visiones de largo plazo y propuestas de corto y mediano plazo en casos concretos (por ejemplo, pensiones y salud). Finalmente, todas ellas se elaboran considerando los actuales condicionantes estructurales, por lo menos en el corto plazo: la institucionalización de los cambios propuestos, la generación paulatina de espacio fiscal, la reducción de los niveles de informalidad, las mejoras en el servicio de salud a nivel prestacional mediante la organización de los prestadores en redes integradas que incluyan toda capacidad de oferta existente (pública y privada), y que velen por la continuidad e integralidad de la atención a la población, y mejoras en los programas de inserción laboral. De hecho, la CPS opina que para abordar los problemas de protección se deben considerar mayores costos fiscales, los mismos que se plantean claramente en las propuestas detalladas. La forma como se financien estos esfuerzos fiscales escapa al encargo recibido por la comisión y debiera surgir como parte del establecimiento del nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad.

Miembros de la Comisión

Alejandro Arrieta

Jefe de la Oficina de Normalización Previsional – ONP

Augusto de la Torre

Economista en Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial

Janice Seinfeld

Doctora y magíster en Economía por la Universidad de Harvard

Miguel Jaramillo

Director Ejecutivo e Investigador Principal en el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)

David Tuesta

Profesor de Economía Pública en la Facultad de Economía

Lorena Prieto

Economista especializada en temas de Economía y Financiamiento de la Salud

{{ comision.miembros[comision.selected].name }}

{{ comision.miembros[comision.selected].info }}